Dra. Nancy Piedra Guillén, directora del Posgrado en Sociología UCR

La conferencia de prensa de la Presidenta Electa confirmó con total claridad el rumbo que tomará el país. Su anuncio de continuar la agenda del gobierno saliente y de impulsar la llamada Tercera República, deja ver un proyecto que combina un fuerte énfasis neoliberal en lo económico, con un conservadurismo moral que pretende redefinir la estructura del Estado y los equilibrios democráticos. Más allá de la retórica de unidad nacional, el camino está trazado.

Sus primeras declaraciones fueron reveladoras: cuestionó a órganos de control, anunció la firma inmediata de proyectos archivados que alteran la arquitectura institucional y afirmó que no tendrá “curva de aprendizaje”.

Este conjunto de mensajes sugiere que el ejercicio del poder será vertical y acelerado, con el objetivo de intervenir instituciones estratégicas desde el primer día.

Para comprender este contexto es necesario mirar atrás. La huelga sindical que se extendió del 10 de septiembre al 11 de diciembre de 2018, protagonizada en gran medida por el Magisterio Nacional, se convirtió en uno de los movimientos sociales más largos de la historia reciente.

La aprobación de la Ley 9808 en enero de 2020 —presentada como una vía para “ordenar” el derecho a la huelga— tuvo, en la práctica, un efecto restrictivo sobre la protesta social al ampliar la definición de servicios esenciales y establecer procedimientos que limitan la acción colectiva.

Su impacto ha sido profundo: modificó el marco jurídico que sostenía la negociación social y redujo el margen de maniobra de los movimientos ciudadanos, frente a decisiones regresivas.

En este escenario, resuena con fuerza una frase que se escuchó en recientes manifestaciones educativas: “las universidades nos dejaron solos como movimiento”. Más allá de su literalidad, expresa una percepción de distancia entre sectores que deberían encontrarse articulados en la defensa de lo público.

La desconexión entre la universidad y otros actores sociales —especialmente en los territorios históricamente marginados— se refleja también en los resultados electorales y en la creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones democráticas.

El país necesita cambios, sí. Pero esos cambios no pueden surgir de las mismas recetas neoliberales, que ya mostraron sus límites en múltiples países.

La corrupción que ha impedido avanzar en áreas estratégicas; la evasión y la elusión fiscal que privan al Estado de recursos esenciales; el enriquecimiento privado mediante el uso de bienes públicos; y el debilitamiento sistemático de instituciones clave —que prepara el terreno para la privatización de la educación y la salud— conforman un cuadro estructural que requiere soluciones profundas, no atajos ideológicos.

A ello se suma un contexto global marcado por la crisis del capitalismo y las tensiones geopolíticas derivadas de la disputa por la hegemonía económica y militar.

En este marco, los discursos populistas de corte conservador se vuelven poderosos. Su aparente empatía, su lenguaje directo y su apelación a las necesidades inmediatas conectan con sectores para quienes el Estado nunca ha sido garantía de derechos.

Así, “los nadie” —la categoría utilizada por el presidente Chaves y retomada por la Presidenta Electa— depositaron su confianza en un proyecto que promete representarles, aunque en lo estructural mantenga el mismo modelo que ha profundizado la desigualdad.

Las zonas costeras revelan esa paradoja: altos niveles de apoyo junto con altos niveles de abstencionismo, dos formas distintas de expresar desconfianza, esperanza o resignación.

Frente a este panorama, la universidad pública enfrenta un desafío histórico. Requiere reconstruir su vínculo territorial, fortalecer sus sedes regionales, dialogar con las comunidades, comprender los agravios acumulados y reafirmar su papel como institución al servicio del bien común.

No se trata solo de defender el FEES o la autonomía, sino de recuperar la capacidad de incidencia real en las regiones, allí donde hoy se disputan sentidos, emociones y expectativas de futuro.

Los movimientos sociales, por su parte, deben repensar sus estrategias frente a un marco legal restrictivo y una narrativa oficialista que ha consolidado ciertos sentidos comunes. La resistencia democrática no puede descansar en consignas, sino en organización, análisis crítico, trabajo territorial y construcción de alianzas amplias.

Y es indispensable dirigir una reflexión a las mujeres.

Históricamente, hemos sido las primeras afectadas por los recortes al Estado Social, por la privatización de servicios esenciales y por la precarización del trabajo. Cuando la salud o la educación se debilitan, cuando el cuidado vuelve a recargarse en los hogares, cuando las instituciones retroceden, son las mujeres —especialmente las de los territorios periféricos— quienes sostienen la vida cotidiana en condiciones aún más adversas.

Este nuevo escenario exige vigilancia, organización y una lectura clara de que los derechos conquistados no son irreversibles.

Las mujeres hemos estado en el corazón de las luchas sociales y universitarias: maestras, lideresas comunitarias, académicas, estudiantes, trabajadoras de todos los sectores. Nuestro lugar es estratégico y nuestra voz, imprescindible.

Lo que se defina en los próximos años afectará de manera directa nuestras posibilidades de autonomía, participación y bienestar. Por eso, este es un momento para tejer redes, fortalecer solidaridades y sostener con firmeza la defensa de un país más justo, igualitario y verdaderamente democrático.