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Alvaro Montero Catalina Esquivel

Catalina Esquivel y Álvaro Montero, docentes en la Escuela de Administración Pública. Foto: Archivo OCI.

Voz experta: Articulación estratégica de la gestión financiera del riesgo de desastres

De la alerta global al aula universitaria
Sociedad

 

Cada 13 de octubre, el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres convoca a gobiernos, instituciones y ciudadanía a una reflexión impostergable: los desastres no son naturales. El riesgo se construye socialmente y, por lo tanto, también puede reducirse mediante decisiones informadas, planificación y una inversión adecuada.

La trampa de la inacción y el dinamismo del ecosistema nacional

El "Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres" (GAR 2025) de las Naciones Unidas advierte que la humanidad se encuentra en una espiral de autodestrucción, en la que la inacción y la falta de planificación integrada multiplican las pérdidas económicas y sociales. En Costa Rica, la aprobación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo (PNGR 2026-2030, III Quinquenio) por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) marca el horizonte final de la política nacional 2016-2030. Este instrumento ratifica que la gestión del riesgo de desastres (GRD) ha dejado de ser un ámbito estrictamente reactivo o asistencial para convertirse en un pilar indispensable de la política pública y de la sostenibilidad fiscal, con una ejecución transversal obligatoria.

Diversas instituciones clave del país como el Ministerio de Hacienda, CNE, la Superintendencia General de Seguros de Costa Rica (Sugese), el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), municipalidades y organismos multilaterales avanzan decididamente en los marcos regulatorios y presupuestarios y en los instrumentos financieros. Frente a este dinamismo, la academia costarricense no puede quedarse rezagada. Las universidades públicas, particularmente la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Escuela de Administración Pública (EAP), tienen la responsabilidad histórica de aportar liderazgo técnico, pensamiento crítico y capacidades operativas para sustentar las transformaciones cuantitativas e intersectoriales que exige el desarrollo nacional.

1. Diagnóstico del riesgo y brechas de protección en Costa Rica

Los diagnósticos oficiales del PNGR 2026-2030 y del Informe de Brechas del Global Shield coinciden en que el riesgo fiscal e hidrometeorológico en Costa Rica muestra un crecimiento exponencial, esto son:

  • Aumento de pérdidas directas: las pérdidas pasaron de 328 millones de dólares estadounidenses en el periodo 2011-2015 a  2.914 millones de dólares estadounidenses en 2016-2024, lo que representa un incremento del 888 %.
  • Frecuencia de desastres: en 2024 se registró un récord histórico de 1 619 eventos climáticos, lo que evidencia una exposición crítica de la infraestructura y de los asentamientos humanos.
  • Rezago analítico: a pesar de los avances en el mapa de amenazas, persiste un déficit importante en la modelación probabilística de pérdidas futuras (PML), en el cálculo de pasivos contingentes y en la evaluación de la vulnerabilidad socioeconómica.
  • Costo de oportunidad social: cada colón destinado a la reconstrucción reactiva de infraestructura pública destruida es un recurso que se resta a la educación, a la seguridad ciudadana y a la reducción de la pobreza. La protección financiera ex ante no es solo un ajuste contable, sino un imperativo macroeconómico para resguardar la inversión social del Estado.

2. La respuesta de política fiscal: estrategia por capas (risk layering)

Ante este escenario, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Ejecutivo n.º 43663-H, mediante el cual se institucionalizó la "Estrategia nacional de gestión financiera del riesgo de desastres" (ENGFRD). Esta establece la estructura para mitigar el impacto fiscal mediante la retención y transferencia de riesgos según la frecuencia y severidad de los eventos:

  1. Retención de riesgos (alta frecuencia y baja severidad): uso de asignaciones presupuestarias del sector público, del Fondo Nacional de Emergencias (FNE) y de otras reservas fiscales para eventos menores.
  2. Créditos contingentes (frecuencia media-severidad media): instrumentos de liquidez inmediata como los Créditos con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (Catddo), negociados con organismos multilaterales.
  3. Transferencia de riesgos (baja frecuencia-alta severidad): desarrollo de seguros paramétricos, seguros de infraestructura pública e instrumentos del mercado de capitales (bonos catastróficos).

Paralelamente, la entrada en vigor de la Ley n.º  10.441 denominado Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP), que exige análisis probabilísticos del riesgo de desastres ante para cada proyecto de inversión pública. Asimismo, esta estrategia se articula con la regulación de la Sugese y con los estándares internacionales de sostenibilidad (criterios ASG-ESG) que prepara al sector público para negociar en el mismo lenguaje técnico con el mercado reasegurador internacional.

3. El punto de inflexión crítico institucional y el imperativo de la educación superior

A pesar de la solidez normativa, tanto el PNGR como el reporte de Global Shield señalan una restricción estructural crítica: la falta de personal profesional capacitado para aplicar estas metodologías cuantitativas y financieras. Sin embargo, para formar eficazmente al estudiantado en las aulas es indispensable fortalecer primero las destrezas técnicas, conceptuales y didácticas de las personas docentes. No es posible exigir un salto cualitativo en el perfil estudiantil sin haber dotado previamente al cuerpo académico del dominio disciplinar y de las herramientas de mediación pedagógica necesarias.

Atendiendo a esta premisa, la Escuela de Administración Pública de la UCR impulsa el proyecto "Fortalecimiento de capacidades en protección financiera de activos públicos para la docencia universitaria" (Pry01-1088-2027) que prioriza el desarrollo docente como condición previa e indispensable para la formación de las futuras generaciones de gestores públicos.

Este proyecto se alinea con la PNGR 2026-2030 en dos de sus ejes:

  • Eje 3. Educación, conocimiento e innovación: el proyecto sitúa el desarrollo docente en el primer eslabón de la cadena formativa. Bajo el modelo de formador de formadores (Train-the-Trainer), se genera un efecto multiplicador exponencial que permite capacitar a un núcleo de personal docente para impactar, de forma sistemática, en las personas estudiantes de cada ciclo lectivo, lo que garantiza la sostenibilidad intergeneracional del conocimiento sin depender de asesorías externas.
  • Eje 4. Inversión financiera y continuidad: eleva las competencias del cuerpo docente en la enseñanza del diseño de estrategias de protección financiera, del análisis de pasivos contingentes y de la valoración del riesgo de la infraestructura pública.

Este proyecto de la EAP consolida el vínculo académico firmado en 2023 entre la Rectoría de la UCR y la Gerencia de País del Banco Mundial, así como con el equipo del "Programa de financiamiento y seguro del riesgo de desastres" (DRFIP). Esta alianza dota, en primera instancia, a las personas docentes de marcos conceptuales de vanguardia y de bibliografía especializada para traducir el conocimiento internacional a la realidad de las aulas costarricenses. Lo que permitió implementar, en el 2024, el curso optativo de la carrera de Administración Pública denominado Protección Financiera ante Desastres de Origen Natural.

La EAP busca la incorporación del "Aprendizaje basado en escenarios de riesgo" (ABER), para diseñar e implementar simulaciones financieras interactivas, modelación por capas, valoración técnica conforme a la norma INTE G130:2022 y metodología para el análisis de riesgos con enfoque multiamenaza y criterios probabilísticos en los proyectos de inversión pública. Esto trasciende la sede central universitaria y permite formar profesionales con la capacidad técnica necesaria para asesorar a los gobiernos locales en la gestión financiera del riesgo de desastres a nivel cantonal.

El fortalecimiento de la docencia y la posterior formación estudiantil en protección financiera no se abordan como una técnica contable aislada, sino como un imperativo ético. Así pues, garantizar la liquidez del Estado evita que las emergencias climáticas interrumpan los servicios esenciales o provoquen recortes que afecten a las poblaciones más vulnerables.

Conclusión

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2026-2030 y la Estrategia Nacional de Gestión Financiera (Decreto 43663-H) demuestran que Costa Rica ha asumido un compromiso firme para blindar sus finanzas y su desarrollo frente a las amenazas del cambio climático y de los desastres.

Al asumir este reto con visión estratégica, la Universidad de Costa Rica mediante el proyecto "Fortalecimiento de capacidades en protección financiera de activos públicos para la docencia universitaria" reconoce que la transformación educativa comienza con la preparación integral del cuerpo docente. Cuando se enfocan los esfuerzos iniciales para elevar las destrezas técnicas, conceptuales y didácticas de sus profesores, se asegura una formación estudiantil de excelencia y se garantiza la formación de cuadros profesionales capaces de descentralizar el conocimiento y transformar los marcos normativos en ejecuciones efectivas para la resiliencia y la sostenibilidad del país.


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Álvaro Montero Sánchez
Docente de la Escuela de Administración Pública
alvaro.lbdnmontero  @ucrxvar.ac.cr

Catalina Esquivel Rodríguez
Docente de la Escuela de Administración Pública
CATALINA.qaoeESQUIVEL_R  @ucridhx.ac.cr

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