Heredia y Sarapiquí concentran las mayores cantidades de población infantil en situación de pobreza, según un estudio de Conare

El 24 de septiembre del 2026 el Consejo Nacional de Rectores (Conare) dio a conocer los hallazgos de su más reciente estudio “La deuda de Costa Rica con sus niños, niñas y adolescentes”, liderado por la Dra. Ana Teresa León Sáenz.

El estudio abordó diferentes apartados vinculados a las condiciones de vida y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, entre ellos pobreza, salud, educación, vivienda, recreación y protección. Uno de estos estudios incorpora un análisis territorial para mostrar cómo las condiciones sociales y económicas varían dentro del país. Los resultados fueron fuertemente desiguales.

El análisis deja ver que la realidad que viven las niñas, los niños y adolescentes en Costa Rica no es la misma en todos los territorios. Las diferencias entre provincias y, particularmente, entre cantones se reflejan en indicadores de pobreza, educación, salud, vivienda y protección.

A nivel general, “los datos reflejan 200 236 niñas y niños, de 0 a 12 años, en pobreza extrema y otros 171 000 en pobreza básica. Así se ve en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) que tiene nombre y apellido, no son cálculos proyectados. En la adolescencia son 89 790 en pobreza extrema y 95 000 en pobreza básica. Esto representa a más de 150 000 personas menores de edad”, expuso la Dra. León.

Las diferencias territoriales tampoco se limitan a la comparación entre provincias. El estudio de Conare pone en evidencia que en una misma provincia pueden coexistir cantones con condiciones muy distintas para el desarrollo de su población menor de edad.

En Puntarenas, por ejemplo, Coto Brus, Buenos Aires y Osa se encuentran entre los cantones donde más del 30 % de los hogares presenta carencias.

A esto se suma el comportamiento del Índice de Bienestar de la Niñez y la Adolescencia, según el cual en Coto Brus, Buenos Aires, Corredores y Golfito menos del 50 % de los niños, niñas y adolescentes tienen atendidas sus condiciones materiales.

Adicionalmente, los registros de Sinuribe, del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), correspondientes a 2024 muestran, además, una presencia importante de personas menores de edad en condición de pobreza básica o extrema en diferentes cantones de la provincia. En Heredia, por ejemplo, existe un fuerte contraste dentro de un mismo territorio.

En Sarapiquí, las proporciones son particularmente elevadas. Aquí se estima que el 78,1 % de los niños y niñas, así como el 75 % de las personas adolescentes, se encuentran en alguna condición de pobreza.

Por su parte, en el cantón central de Heredia se registran 3 313 niños y niñas en pobreza básica y 2 771 en pobreza extrema.

“Los factores relacionados con la pobreza son el estrés, la mala nutrición y los riesgos socioambientales. En el centro está el impacto en el cerebro, que puede afectar la amígdala —que es la parte de reacción emocional—, el hipocampo, la corteza y los neurotransmisores. Ahí se pueden ver, en esas relaciones, el impacto en retrasos en desarrollo linguístico [...] y en un bajo rendimiento educativo”, sostuvo la Dra. León.

Menos educación y salud

Las diferencias socioeconómicas también alcanzan las oportunidades educativas. En Guanacaste, seis de sus once cantones registran un promedio de escolaridad de la población inferior a cinco años. En los otros cinco cantones, el promedio es inferior a seis años.

“Por eso, cuando me preguntan cuál es el factor más crítico respondo que es la pobreza. Hay muchos otros, pero la pobreza desencadena. Esta afecta decisiones, oportunidades y se convierte en un círculo vicioso. La pobreza en sí misma no, pero cuando la pobreza se une a la familia disfuncional, o a una familia con problemas, [...] esto conlleva al trabajo infantil, a la explotación y, lo que vemos hoy, en asesinatos”, reflexionó la Dra. León.

En cuanto a salud, las diferencias territoriales también se manifiestan. En Limón, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil pasó de 8,76 por cada 1 000 nacimientos en 2017 a 10,4 en 2024, según la información analizada.

¿Qué hacer?

El estudio de Conare plantea la importancia de que las políticas, programas y servicios públicos incorporen las características particulares de cada territorio y prioricen las comunidades que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

También señala la necesidad de fortalecer la generación, actualización y disponibilidad de información territorial. Contar con datos oportunos y desagregados permite conocer con mayor precisión dónde se concentran las principales necesidades y constituye un insumo para orientar la planificación y la asignación de recursos.

“Si nuestras familias, nuestras escuelas, colegios y comunidades respondieran, no tendríamos la cantidad de problemas que hoy tenemos, los cuales, además, no se van a poder controlar fácilmente desde un nivel nacional. Yo sí creo que las universidades, las municipalidades y la gente en las asociaciones de desarrollo en otros contextos universitarios pueden hacer muchas cosas pero, primero, hay que conocer. Si no hay información, o si no está disponible, ni se va a conocer, ni a tener sensibilidad o una respuesta apropiada”, concluyó la Dra. León.