M.L. Susana Monge Alvarado
Docente Escuela de Lenguas Modernas y Sede del Atlántico

Es evidente que en los últimos años la sociedad costarricense está más enfrentada que nunca por motivos políticos, y las redes sociales nos dan cuenta de esto a través del aumento de comentarios hostiles y acusativos entre personas desconocidas por cualquier tipo de razón. Los insultos van y vienen, los comentarios violentos y ofensivos son cada vez más comunes, e incluso ya podemos identificar perfiles dedicados exclusivamente a generar conflicto entre usuarios. Esto sucede predominantemente en páginas y perfiles de noticias y de temas del acontecer nacional.

Dos situaciones recientes llaman la atención en este respecto: primero, el atraso en el pago de las licencias de cuido, las cuales benefician aproximadamente a 1 200 familias en las cuales hay personas enfermas, dependientes de otras personas, y quienes requieren cuidados constantes. El otro caso es la reciente denuncia por parte de un sacerdote de la parroquia de nuestra Señora del Carmen, el cual declara que el IMAS ha enviado a personas a la parroquia a su cargo a pedir alimentos porque no tienen presupuesto suficiente. Los comentarios en redes sociales acerca de estas dos situaciones concuerdan con lo ya mencionado: en ambas situaciones, las cuales están directamente relacionadas con necesidades básicas de subsistencia y vida digna, la población no solo está dividida al respecto, sino que aquellos que están en contra del pago de las licencias o quienes cuestionan la razón de ser de instituciones como el IMAS se expresan de forma hostil y violenta hacia las personas que no sostienen las mismas opiniones, e incluso hacia las personas que se benefician de estas instituciones y el apoyo que brindan. Es más, no faltan los comentarios que emplean este tema como excusa para atacar al Estado de derecho y expresar su apoyo a partidos políticos que prometen eliminar estas ayudas por considerarlas un despilfarro financiero.

Las primeras preguntas que surgen al respecto son: ¿por qué el gobierno ha tenido dificultades o falta de interés para asegurar estas ayudas? ¿Cuál es el rol de la opinión pública en esta situación? ¿La polarización que esto genera es beneficiosa para quién? ¿Qué revela toda esta situación acerca de nuestra idiosincrasia? ¿Acaso la sociedad costarricense ha cambiado de tal forma que hemos perdido la noción básica del respeto a los derechos básicos y fundamentales? ¿Es admisible generar “ruido electoral” cuestionando la necesidad y vulnerabilidad de otros?

 El caso de las licencias parece apuntar a una falta de coordinación y consenso entre las instancias involucradas más que una falta de recursos. Por otro lado, la situación del IMAS no está clara aún, aunque el sacerdote afirma que las personas afectadas fueron enviadas a la iglesia porque les dijeron que el IMAS no tiene presupuesto suficiente. ¿Es esto cierto? Y de ser así, ¿es realmente aceptable que una institución del gobierno cuyo propósito es brindar ayuda esencial dirija a la ciudadanía a una iglesia porque según argumentan no tienen recursos para atenderles? Si bien es cierto nuestras finanzas no están en su mejor momento, no es admisible argumentar tal situación para actuar con cierta negligencia, ya que esto se trata de derechos fundamentales.  Por otro lado, ¿qué sucede con las licencias? ¿Qué dice esto de la gestión como tal?

Estas situaciones también invitan a reflexionar acerca del rol de la opinión pública en redes y su relación con nuestras próximas elecciones. Los desaciertos de esta administración inevitablemente generan discrepancias. Pero estos desacuerdos se han convertido en arma política por varias razones. Primero, los comentarios en redes dan de qué hablar gratuitamente, todo esto de cara a las elecciones. Segundo, los comentarios ofensivos y descalificantes polarizan a los votantes, alejándolos del voto pensado para acercarles hacia el voto visceral. Es como si dejásemos de lado votar para mejorar nuestro país y en vez de eso lo hiciéramos para llevar la contraria al que no piensa como yo, al que no está de acuerdo conmigo. En términos generales, estas discordias en redes sociales influyen significativamente en nuestra percepción del rol del Estado en la vida de la ciudadanía así como en las decisiones electorales, y esta influencia no parece ser positiva del todo.

Un asunto aún más preocupante viene con el tema de nuestra percepción de los derechos fundamentales, de quiénes tienen “derecho a tener derechos”, y cómo cabe la posibilidad de cuestionar quién “los merece”. El derecho a una vida y muerte dignas, así como la atención a necesidades básicas como la alimentación, no deberían ser cuestionados. Son derechos fundamentales. ¿En qué momento hemos empezado a creer que los derechos fundamentales de la ciudadanía se “ponen” y se “quitan”? Y peor aún, ¿es éticamente aceptable utilizar este tema como medio de polarización en redes sociales, o como ataque a la institucionalidad, o como medio para favorecer posiciones políticas y posturas que menosprecian a unos ciudadanos mientras a otros no? La idea de negarle derechos fundamentales a un sector de la ciudadanía es mezquino, y peor aún, apoyar estas posturas en plena campaña electoral es una bajeza.

Esto también genera preocupaciones relacionadas con nuestra actitud hacia los sectores sociales en desventaja en un país que históricamente ha sido un ejemplo de protección de los derechos básicos de la ciudadanía en Latinoamérica. Es como si de pronto perdiésemos la memoria colectiva acerca de los esfuerzos del pasado y cómo este aseguró la movilidad social, la mejora en la calidad de vida, el respeto por la dignidad de otras personas, la compasión hacia los desfavorecidos. ¿Desde cuando las vidas de unas personas no parecen importar nada, pero son útiles para generar discusión en redes, polarizar la decisión, y asegurar participación en el juego político? ¿Es admisible deshumanizar para perpetuar la eterna violencia verbal y el odio hacia el otro, y tomar ventaja de esto?

Tanto la gobernanza como el debate político no pueden ser respetables cuando buscan crear confusión y resentimiento, cuando tergiversan la realidad, cuando distorsionan sus propios principios. Hacer discusión política no es enfrentar a unos contra otros a costillas de la necesidad humana. Y tampoco lo es aprovecharse de los fallos en la administración como justificación para debilitar un sistema de apoyo social que en muchos casos influye en la vida y en la muerte de muchas personas. ¿Es correcto creer que unas vidas merecen más que otras, o que el derecho a comer o el derecho al cuidado y la atención en caso de enfermedad es algo que la gente “deba ganarse”?

Defender estas posiciones y tomar decisiones electorales basándonos en ellas es “dispararse en el pie”. ¿Quién vota concienzudamente para que debiliten la institucionalidad que asegura sus derechos? ¿Qué tipo de gobernanza se busca entonces? La buena gobernanza no se apoya en la deshumanización como arma política ni humilla al necesitado. No busca complacer a ciertos sectores de la opinión pública a través del enfrentamiento. No se aprovecha de las dificultades en las vidas de otras personas. Y nosotros como ciudadanos no tenemos derecho a castigar a otros, irrespetando sus derechos, bajo la excusa de que nuestro gobierno “no puede hacerse cargo de todos” (cosa que es falsa).  Más bien cabe preguntarse, si nuestro gobierno no logra atender las necesidades de aquellos que necesitan apoyo, ¿para quién o qué gobierna? ¿Y qué posición tomaremos nosotros? ¿En estas elecciones vamos a ser parte de este juego de pugnas y provocaciones o decidiremos por un bien común?