Doctorando Leonardo Picado

Warsan Shire es una poeta somalí radicada desde corta edad en Reino Unido, quien, por las condiciones propias de su país de origen, tuvo que emprender el camino de cientos de miles de personas, es decir, migrar. Ese camino, que destaca por ser muchas veces desconocido, muchas veces sometido al escarnio del rechazo y lamentablemente muchas veces también al oprobio de los países receptores, refleja cómo se dirige y controla el mundo.  En uno de sus versos, Shire recoge el grito de sus pares, cuando señala que “nadie deja su hogar a menos que su hogar se haya convertido en la boca de un tiburón”. La realidad de muchas de estas personas es, en efecto, huir de la violencia sistemática de sus países de origen en busca de un mejor porvenir para ellos mismos y los suyos. Sin embargo, este camino ya de por sí virulento y complicado, a menudo se encuentra con barreras en los pueblos de acogida.

Sin aludir explícitamente a estas barreras, Foucault refería un poder soberano que administra la vida, no solo de sus ciudadanos, sino también de aquellas personas que aspiran a serlo. Y es allí, dentro de esta aspiración, donde la aprobación buscada por las personas migrantes entra en juego. En el caso costarricense, el Estado no necesariamente acoge con violencia física a las personas que vienen buscando refugio dentro de sus fronteras; tampoco es un país que destaque por incumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y protección de poblaciones vulnerables o por un ignominioso rechazo al discurso internacional en torno a recibir y comprender a las personas migrantes. Sin embargo, el poder no siempre reprime, muchas veces simplemente posterga.

Las instituciones de migración costarricenses encarnan esa lógica: producen listas, formularios y expedientes que no solo documentan, sino que también definen la existencia política de cada solicitante. Existe una institucionalidad dedicada a atender a este tipo de poblaciones y un aparato burocrático diseñado para buscar cumplir con sus demandas y necesidades. Sin embargo, la espera, que puede durar años, sea ello parte de un ejercicio maquiavélico estatal, o debido a la falta de comprensión de una burocracia insensible, o quizás a la escasez de recursos o incluso a la ineficiencia en el uso de los mismos, el resultado final, sigue siendo la misma: una espera insoluble en el tiempo. Se trata de un espera que no es un accidente, sino más bien un dispositivo de control en sí mismo. Quien espera, depende; y quien depende, obedece.

Como diría Slavoj Žižek, nada sostiene mejor al orden que la promesa de un futuro que nunca llega. Y es que esta forma de gobierno opera y funciona bajo el silencio, apropiándose de la paciencia obligatoria de aquellos que no son ciudadanos y entonces ven aletargada su decisión. Es cierto, la persona migrante solicitante de un estatus migratorio que le permita trabajar y residir legalmente en nuestro país no está detenida, ni asilada en un campo de detención, ni siquiera mientras su trámite se realiza corre el riesgo de ser expulsada del país. Empero, se trata de vidas que se encuentran suspendidas, que no pueden acceder plenamente al trabajo formal, a servicios sociales o al reconocimiento cívico: son vidas que, en palabras del teórico italiano Giorgio Agamben, se tornan “vidas desnudas” es decir, existencias biológicamente consideradas pero jurídicamente indeterminadas.  En este sentido, Costa Rica, un país que históricamente se ha visto a sí mismo como “humanitario”, reproduce así una paradoja: protege mientras excluye, acoge mientras posterga.

Es así como el aparato burocrático estatal pasa a cumplir un papel predominante en la forma en que el gobierno atiende a las poblaciones migrantes. La burocracia, al producir esa suspensión, actúa como una especie de frontera interior. El límite ya no está solo en Peñas Blancas o Paso Canoas, sino en la ventanilla, en el sistema de citas, en la entrevista pendiente, en la falta de documentos, en la desafección con que se atiende y entiende el contexto de las personas que han pensado en Costa Rica como un país que los puede recibir y en donde en muchos casos piensan en rehacer sus vidas.

En este espacio de la indeterminación es donde el Estado ejerce su poder de soberanía más efectivo, al asegurarse de seleccionar a aquellas personas migrantes aptas para establecerse en el país y diferenciarlas de aquellos que no lo son. En esta misma línea, el Estado tiene la capacidad de prolongar esta indefinición, dejando a estas poblaciones en un limbo legal y social que no es fácil de entender y menos de vivir. No es de extrañar que la espera actual, de alrededor de 4 años promedio para tener una respuesta final a la hora de solicitar asilo, se aletargue aún más, dado el incremento del 119% en estas solicitudes que está teniendo la Dirección de Migración (en su Unidad de Refugio de Migración) principalmente en virtud de la realidad política de Nicaragua, país de donde proceden más de 90% de estas solicitudes. Se trata de un crecimiento que está lejos de ir al mismo ritmo del crecimiento del personal que atiende a las personas migrantes y sus necesidades.

Así las cosas, esperemos que Costa Rica no termine como ese personaje de Shire, al cual exclama

corre lejos de mí ahora
no sé en qué me he convertido
pero sé que cualquier lugar
es más seguro que aquí.

Ello a propósito de las personas migrantes no costarricense deportadas y conducidas a nuestro país recientemente.