Estudio del Proledi-UCR: la desinformación amenaza la democracia costarricense
La desinformación, promovida por algunos sectores de la sociedad que buscan menoscabar el estado de derecho y la democracia del país, tiene su nicho principal en las redes sociales. Foto: Laura Rodríguez.
El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en alianza con las organizaciones Free Press Unlimited, People in Need, y Punto y Aparte, elaboraron el informe denominado Democracia en riesgo: percepciones, amenazas y respuestas ante la desinformación en Costa Rica.
Esta investigación examina cómo la desinformación afecta la convivencia democrática, la opinión pública, y el funcionamiento de los procesos políticos del país. Para ello, incluyó una encuesta telefónica representativa, grupos focales con poblaciones afectadas, y entrevistas a personas expertas y liderazgos públicos. La aplicación del cuestionario y del marco muestral fue hecho por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR).
Ataques hacia la democracia
Uno de los principales hallazgos de la encuesta realizada es que la desinformación es percibida como una amenaza seria y en expansión. En este caso, 8 de cada 10 personas consideran que se trata de un problema grave, y una amplia mayoría advierte que puede dañar la reputación de terceros, incentivar expresiones de odio, interferir en las elecciones y poner en riesgo la democracia costarricense.
El análisis también evidencia que factores como el nivel educativo, el género y la situación económica influyen en cómo la ciudadanía comprende y enfrenta este fenómeno.
Y es que quienes cuentan con estudios universitarios exhiben una probabilidad significativamente mayor de reconocer el impacto negativo de la desinformación, y de valorar la importancia de adquirir habilidades sobre cómo detectar y evitar su difusión.
Asimismo, se observan brechas por género y posición socioeconómica. Los hombres se perciben 8 puntos porcentuales más capaces de identificar contenidos falsos que las mujeres. A su vez, las personas que enfrentan mayores dificultades económicas confían 12 puntos porcentuales menos en su capacidad para distinguir entre información verdadera y engañosa, en comparación con quienes afirman que sus ingresos les permiten cubrir gastos e incluso ahorrar.
De igual forma, se reporta una diferencia marcada entre la percepción propia y la ajena: aunque el 73 % confía en su capacidad personal para reconocer desinformación, solo el 34 % confía en la capacidad de los demás. Este “efecto de tercera persona” puede reforzar la idea de que el problema recae en otros y dificultar la asunción de responsabilidades individuales.
Por otra parte, el 28 % de las personas consultadas reconoce haber creído recientemente en un contenido que luego resultó ser falso, principalmente difundido a través de Facebook, WhatsApp y TikTok.
El informe Democracia en riesgo: percepciones, amenazas y respuestas ante la desinformación en Costa Rica fue presentado el miércoles 26 de noviembre en la Sala de Prensa 3 de la Asamblea Legislativa. Foto: Otto Salas.
El estudio profundiza también en los impactos diferenciados en sectores que han sido blanco frecuente de campañas desinformativas, como mujeres políticas, personas migrantes, población LGBTIQA+ y funcionariado del Poder Judicial.
Estos grupos dan cuenta de estigmatización, hostigamiento y silenciamiento, así como de temor a represalias, tanto en entornos digitales como en espacios laborales o comunitarios.
La desinformación y las elecciones 2026
Una de las novedades del informe es el análisis de los planes de gobierno inscritos para las próximas elecciones. Los resultados revelan un vacío preocupante, pues la mayoría de las agrupaciones políticas no reconocen explícitamente la desinformación como un riesgo para la democracia, ni incluyen acciones concretas para combatirla. Únicamente 5 de las 20 candidaturas revisadas proponen alguna medida en esta materia, pese al alto nivel de preocupación identificado en la ciudadanía.
Ante este panorama, el estudio plantea una serie de recomendaciones dirigidas a instituciones públicas, partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
Entre ellas destacan la incorporación de la alfabetización mediática e informacional, como parte del currículo obligatorio en primaria y secundaria; una regulación multinivel, gradual y coordinada, nacional e internacional, de las plataformas tecnológicas; el fortalecimiento de las capacidades y recursos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para enfrentar la desinformación electoral; y la creación de espacios permanentes de coordinación interinstitucional y multiactor, que permitan respuestas más oportunas y efectivas.
Este informe fue elaborado por las personas investigadoras: M. Sc. Oscar Jiménez Alvarado, M. Sc. Johanna Rodríguez López, y M. Sc. Suráyabi Ramírez Varas, y forma parte del proyecto CríticaMente, que tiene como fin explorar cómo las personas comprenden y experimentan la circulación de los contenidos falsos en redes sociales, así como las posibles consecuencias de dicha circulación.
En cuanto a los detalles de la metodología, la encuesta fue aplicada telefónicamente a 1 001 personas mayores de 18 años, de entre el 25 y 29 de agosto, y el 23 y 26 de septiembre de 2025, con un margen de error de ±3 puntos porcentuales, y un nivel de confianza del 95 %.
La percepción de las poblaciones y grupos sociales se recopiló mediante cuatro grupos focales, que se realizaron entre septiembre y octubre de 2025, con mujeres políticas, personas LGBTIQA+, personas migrantes, y funcionariado del Poder Judicial.
Las 13 entrevistas semiestructuradas se realizaron entre septiembre y noviembre de 2025. En ellas participaron personas investigadoras, directoras de medios de comunicación, y personas con roles institucionales o de liderazgo público.
