El sector agropecuario nacional enfrenta grandes desafíos que ponen en jaque la seguridad alimentaria del país

Garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria desde un enfoque integral fue el eje del encuentro llamado “Balance de la situación del sector agropecuario costarricense”, organizado por la Comisión institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Cisan), la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, la Escuela de Sociología, la Escuela de Nutrición, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva con el apoyo del Programa Estado de la Nación. 

El espacio reunió a especialistas, representantes de organizaciones campesinas y personas comunicadoras para debatir sobre la situación actual del sector, las consecuencias de los modelos económicos aplicados en las últimas décadas y las perspectivas de recuperación. 

El Dr. Enrique Montenegro, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, presentó los resultados de un estudio sobre los modelos de desarrollo económico y su impacto en la estructura agropecuaria del país. Según explicó Montenegro, Costa Rica ha transitado por diversos modelos, desde el agroexportador del siglo XIX hasta el neoliberal y el de desarrollo sostenible, que han definido la relación del Estado con el campo. 

“En este momento coexisten dos modelos: el neoliberal y el del desarrollo sostenible. Dependiendo del gobierno de turno, se fortalece uno u otro, y eso genera inestabilidad en las políticas agropecuarias”, señaló el decano. 

El estudio también mostró una disminución sostenida en el tamaño promedio de las fincas, en la participación del sector en el PIB y en la investigación pública agropecuaria desde los años ochenta.  

Uno de los principales problemas que se señalan es que el sector agroalimentario dejó de ser sujeto de política pública, pues la última gran política agropecuaria fue en 1980, durante la crisis que ocurrió en esa época, cuando se recurrió al campo como motor de recuperación económica. 

Voces del sector productivo 

El foro contó con la participación de organizaciones campesinas y productoras como Pablo Céspedes, quien es representante de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (Upiav), y alertó sobre la falta de relevo generacional en las fincas y la ausencia de políticas efectivas para atraer a la juventud rural. 

“El cambio generacional y la eficiencia en la agricultura costarricense son temas urgentes. Hoy, la mayoría de quienes trabajan la tierra son adultos mayores, mientras los jóvenes migran o no encuentran incentivos para continuar. Sin juventud no hay futuro para el agro ni para la seguridad alimentaria”, manifestó Céspedes. 

Pablo Céspedes también criticó la falta de acceso al crédito y el poco respaldo de la banca pública, con énfasis en que las entidades crediticias los consideran poco rentables y eso genera un círculo vicioso que impide invertir e innovar. 

La dirigencia de Upiav insistió en la necesidad de políticas coherentes y sostenidas que reconozcan el valor social y cultural del trabajo agrícola, pues la agricultura no solo es un negocio, es un modo de vida, una herencia y una forma de salud mental y comunitaria. 

La productora Deyanira Torres, integrante de la misma organización, llamó la atención sobre la vulnerabilidad del país ante una eventual crisis internacional.  

“Si mañana se cierran las fronteras, ¿con qué nos quedamos? Importamos casi todo el maíz y buena parte de los granos básicos. Es momento de reflexionar sobre nuestra autosuficiencia y sobre quiénes estarán al frente del agro dentro de 40 años”, expresó Torres.

Durante su intervención, Guido Vargas Artavia, secretario general de UPA Nacional, hizo un recuento histórico de los modelos económicos aplicados en el país y su impacto en el sector productivo. 

Vargas recordó que Costa Rica transitó del modelo de reconversión industrial, que favoreció a la industria con recursos provenientes de la agricultura tradicional, hacia una “nueva agricultura” orientada a las exportaciones, con exoneraciones y privilegios para el capital extranjero.

 “Desde hace más de 30 años, el país vive un abandono sistemático del sector agrícola. Nunca antes habíamos visto una situación tan grave. No existe una política nacional que proteja la producción familiar y agroalimentaria; más bien, se ha expuesto a los pequeños productores a las fuerzas del mercado sin acompañamiento ni planificación”, subrayó el secretario general de UPA Nacional.

Vargas cuestionó las negociaciones comerciales recientes, como la adhesión a la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Transpacífico (CPTPP), que según su criterio, amenazan directamente la sostenibilidad de los sectores lácteo, cárnico, cafetalero, hortícola y azucarero. 

Manifestó que el sector lácteo, por ejemplo, rechaza totalmente ese acuerdo porque abriría el mercado a potencias como Nueva Zelanda, Australia o Canadá, con economías de escala imposibles de igualar. Esto generaría una competencia desigual y pondría en riesgo la producción nacional. 

Para el dirigente, las políticas neoliberales han debilitado la producción nacional y vulnerado la ética social del país. Dijo que no se trata de eliminar al pequeño productor en nombre de la competitividad, sino de garantizar un juego limpio y políticas inteligentes que valoren la función social de la agricultura. 

Una de las exposiciones más contundentes fue la de Aura Martínez, presidenta de la Corporación Hortícola Nacional, quien presentó un panorama crítico sobre el sector cebollero. 

De acuerdo con datos recopilados por la corporación, entre enero y setiembre de este año ingresaron al país más de 6,3 millones de kilogramos de cebolla amarilla importada de países como Perú, Nicaragua, Chile y Argentina. 

Según Martínez, esta cantidad desmesurada de importaciones ha desplazado el mercado de los productores nacionales, especialmente en cantones como Oreamuno, Alvarado y Cartago, que representan alrededor del 78 % de la producción nacional. 

En 2023, la producción costarricense alcanzó unas 45 585 toneladas métricas de cebolla, con cosechas importantes en zonas como Tierra Blanca, donde actualmente se producen cerca de tres millones de kilogramos. Sin embargo, los precios que recibe el productor rondan los ₡250 por kilo en finca, por debajo de los costos de producción, mientras en supermercados pueden alcanzar entre ₡1 200 y ₡1 500. 

Esto está golpeando directamente a unas 600 familias productoras y a miles de personas que dependen de toda la cadena económica vinculada al cultivo como trabajadores agrícolas, intermediarios, pulperías, ferias del agricultor y proveedores de insumos. 

La presidenta explicó que la corporación ha presentado denuncias ante la Dirección General de Aduanas desde el año pasado por irregularidades en las importaciones. Se realizaron investigaciones que permitieron una leve reducción del ingreso de cebolla a mitad de año, pero el daño ya está hecho. Los precios siguen bajos y los productores no logran cubrir sus costos. 

La radiografía actual del agro costarricense 

Por su parte, el periodista Mario Bermúdez, del Semanario Universidad, presentó un análisis elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que muestra una tendencia preocupante en los últimos años. 

Entre 2021 y 2024, el área cultivada en el país se redujo entre un 10 % y un 27 %, según fuera la fuente consultada. El aporte del sector agropecuario al producto interno bruto también cayó del 4,7 % en 2015 al 3,3 % en 2025, mientras el empleo agrícola bajó del 11 % al 8 % de la población ocupada. 
La producción agrícola atraviesa los niveles más bajos de las últimas décadas. Dos terceras partes de los cultivos principales han perdido área productiva y productividad. Es una situación crítica que no ha recibido la atención necesaria.  

El comunicador cuestionó, además, la escasa inversión estatal. El presupuesto del MAG apenas representa el 0,49 % del gasto total del Gobierno Central, prácticamente igual que hace una década, pese a la magnitud de la crisis. 

Francisco Esquivel, colaborador de la UNAG, expuso la importancia de recuperar la inversión y el reconocimiento al agro como motor económico. 

Durante los últimos 40 años se ha privilegiado un modelo basado en la apertura comercial y en las zonas francas, mientras el campo se ha ido contrayendo. Sin embargo, los productos agrícolas tienen los multiplicadores más altos de la economía, por cada 100 colones producidos en el sector, se generan 120 colones adicionales en el resto de la economía. 

Esquivel subrayó que el agro sigue siendo una de las locomotoras con mayor capacidad de arrastre en el empleo, la producción local y la cohesión social.  

“Si el país recupera el impulso del sector, podría crecer hasta un 8 % anual del PIB. Pero para eso se requiere decisión política y un compromiso real con las comunidades rurales”, afirmó el colaborador de la UNAG.

Recordó que diversas organizaciones preparan una propuesta de política pública agropecuaria que será presentada a los partidos políticos de cara a las próximas elecciones, con el propósito de situar al agro en el centro del debate nacional. 

Para finalizar, Guido Barrientos, del Programa Estado de la Nación (PEN), advirtió sobre los riesgos estructurales del modelo productivo actual, como el monocultivo, el uso excesivo de agroquímicos y la pérdida de soberanía alimentaria y señaló como desafíos clave la producción de alimentos sin destruir los recursos naturales; el equilibrio de la producción nacional y las exportaciones; la promoción de la justicia económica para pequeños y medianos productores; el impulso de la formación en sostenibilidad y resiliencia;  la mejora en las condiciones de vida rurales, la revaloración de la vida campesina y su aporte al desarrollo nacional y la seguridad alimentaria.