Universidad de Costa Rica
La Universidad de Costa Rica (UCR) y, específicamente, el Recinto de Paraíso, esperan que este fin de año traiga buenas noticias, tanto para la institución como para la comunidad paraiseña.
Esto porque el pasado 24 de octubre, la UCR recibió ofertas de las cuatro empresas dispuestas a continuar con la construcción de la infraestructura en este recinto. Las obras habían quedado incompletas desde su suspensión en 2020, que luego produjo el finiquito del contrato con la firma Keibel y Asociados, Ltda., que tenía a su cargo este proyecto constructivo.
Ahora las autoridades universitarias prevén que las nuevas obras tarden alrededor de siete meses en concluirse a partir de su reinicio, previsto para inicios del 2023, con el objetivo de utilizar estas edificaciones para el Primer Ciclo Lectivo del 2024.
Esto será posible si todo marcha sin contratiempos, es decir, si la UCR define la empresa encargada de este proceso a finales del 2022 o a más tardar a inicios del próximo año. La infraestructura por finalizar en el Recinto incluye el pabellón de aulas, las áreas de diversos servicios y oficinas administrativas.
Lo que resta del proceso depende de la selección de la empresa ganadora de este concurso por parte de las autoridades universitarias, y específicamente del Consejo Universitario. Así lo señaló su coordinador general, Mainor Aguilar Moya.
Para Aguilar, el faltante de una edificación apropiada ha sido una problemática seria para el desarrollo de las actividades académicas en el Recinto de Paraíso.
El coordinador general del Recinto de Paraíso espera que, con la conclusión de estas obras, se retome el quehacer que caracteriza a esta instancia universitaria.
Aguilar confía en que estas construcciones aumenten también la oferta académica para los próximos años, se incrementen los proyectos de impacto de la UCR en la zona de influencia del Recinto y abran más espacios para el provecho de la comunidad paraiseña.
La razón que interrumpió las obras hace dos años, y que originó el finiquito del contrato de construcción que se había firmado con la constructora, se debió a que esta empresa pretendía obtener un ajuste del 11% por concepto del Impuesto de Valor Agregado (IVA), que argumentó quedar al descubierto con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. No obstante, esta petición se determinó como improcedente, lo cual quedó respaldado con un criterio de la Dirección General de Tributación.
De hecho, desde el 25 de octubre del 2021 se ordenaron diversas sanciones contra esta empresa, como la ejecución de la garantía y la resolución contractual, a la vez que se declaró la existencia de un incumplimiento de contrato.
Debido a todo lo anterior, la UCR debió reiniciar el proceso de contratación, por lo que solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) la posibilidad de elegir una nueva firma constructora de forma directa para finalizar los trabajos que aún están pendientes. No obstante, la CGR denegó esta petición de manera parcial, pues autorizó a la Universidad efectuar una contratación directa pero concursada, debido a que las obras estaban abandonadas y debían retomarse cuanto antes, así como para evitar un mayor deterioro de la infraestructura existente.
Finalmente, el 3 de octubre de este año, la UCR publicó en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) un nuevo proceso de contratación para recibir las ofertas, mismo que terminó el pasado 24 de octubre y que contó con la participación de cuatro firmas constructoras.
