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Marcos Guevara Berger. 
Marcos Guevara Berger.  Foto: Anel Kenjekeeva.
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Por Marcos Guevara Berger, docente e investigador de las Escuelas de Sociología y Antropología de la Universidad de Costa Rica

Voz experta: Culpar a las universidades públicas del conflicto es una falacia

10 mar 2020Sociedad

Don Salomón Ortiz, presidente de la Asociación de Desarrollo del Territorio Indígena de Salitre, en declaraciones al Diaría Extra del 9 de marzo de 2020, achaca la conflictividad que se ha vivido en su comunidad a “grupos externos que vienen especialmente de la capital y nos hacen ver solo nuestros derechos, nos meten las ideas de reclamar a través de la violencia”. Dice luego que se trata de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de universidades públicas.

Estas declaraciones, producto de una entrevista, me motivan a hacer algunos comentarios. Coordino un grupo de investigadores de la Universidad de Costa Rica de diferentes disciplinas y nuestro objeto de estudio es, casualmente, la conflictividad en territorios indígenas de Buenos Aires. Imposible no sentirse aludido.

Pero los académicos no inventamos el conflicto, lo constatamos, porque es palpable, existe sin necesidad de nosotros, sale en las noticias recurrentemente. Hasta la Wikipedia en internet tiene una entrada sobre “enfrentamiento étnico en Salitre”. Y es un tema complejo que hunde sus raíces en los tiempos de la Colonia, tiene manifestaciones históricas, geográficas, sociológicas, políticas, cuyo estudio nos ha parecido importante, no solo para entender su origen, sino para comprender los aspectos que cualquier propuesta para atenderlo debe considerar. Algunos de los hallazgos hasta los hemos compartido con la Asociación de Desarrollo de Salitre y hemps recibido manifestación de interés al respecto, como don Salomón bien sabe.

El conflicto no es nuevo, si bien desde hace unos años atrás se evidencia de manera violenta hasta llegar al lamentable asesinato de Sergio Rojas en marzo de 2019, replicado en Térraba hace unos días con el de Jehry Rivera. Dos crueles asesinatos en menos de un año.

El asunto de las llamadas “recuperaciones” no es resultado de una incitación de personas de universidades públicas o de ONG. Es la consecuencia, no la causa, de un problema que tiene más de 40 años y que tiene por nombres “desaplicación legal”, “conculcación sistemática de derechos humanos” y hasta “racismo”, que igualmente se manifiesta en desinterés del Estado por atender sus obligaciones, desinterés del primer poder de la República por actualizar leyes que implementen los instrumentos de Derechos Humanos que el país suscribe. Los universitarios no hacemos ver los derechos, están contenidos en normas que la Asamblea Legislativa promulgó y resultaron de exigencias sociales. El mismo don Salomón califica como “importante” que se firmara la Ley Indígena en 1977. Entonces ¿para qué decir que los universitarios “nos hacen ver nuestros derechos” si, como da a entender la entrevista, él mismo fue parte de la creación de esa norma?

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El tema de la visita del Sr. Rector de la Universidad de Costa Rica y su comitiva, que refiere don Salomón diciendo que “gente violenta los emboscó por un rato”, amerita recordar quiénes son los que han ejercido actos violentos en esta región. Hasta donde hemos podido entender la situación, no son personas indígenas las que han ejercido la violencia y las llamadas “recuperaciones” se han hecho pacíficamente en tierras en las que no han tenido que sacar a la fuerza a ninguna familia pobre no indígena, sino en predios que responden a adquisiciones producto del engaño y la brutalidad, donde no habita nadie, han deforestado y han metido ganado. Quienes han despojado a indígenas de sus tierras de forma fraudulenta y hasta usando la fuerza son parte de esa “gente violenta” que refiere don Salomón, esa es la verdad.

Comprendemos, y hasta hemos podido consignar, con nuestras investigaciones, que hay personas no indígenas que posiblemente usurpen tierras indígenas sin haber comprendido la ilegalidad de sus adquisiciones y sin haber intentado engañar a nadie. Comprendemos también que el Estado, al desaplicar la Ley Indígena que debía indemnizar a no indígenas que ya estaban en esas tierras cuando se promulgó, agravó la situación y es por eso, en una gran parte, responsable de la situación. De acuerdo al entendimiento que hemos logrado de la situación de Salitre y otros territorios indígenas de Buenos Aires, la solución propuesta ahora por el gobierno nos parece deficiente. El trabajo del INDER de censar fincas no indígenas para después definir a quiénes se aplica la indemnización tendrá efectos adversos, pues una gran cantidad de ocupantes no indígenas (para no decir mayoría) no está a derecho. Pero además, la forma en que se están definiendo derechos de algunos de estos ocupantes, mediante “certificados” de ser indígenas o poseedores de buena fe por parte de organizaciones muy cuestionables, da a pensar que el plan del INDER tiene algunos vicios insalvables. Ojalá me equivoque.

Aunque este no sea un “derecho de respuesta”, pues el Diario Extra solo consigna declaraciones de don Salomón, apelo a su buena fe para publicar mi comentario haciendo notar que el titular de esas declaraciones, “Universidades públicas y ONG son los culpables”, incita a una lectura desafortunada de las palabras del dirigente de Salitre.

En medio de la confusión, la frustración, cólera quizás, es fácil acusar a terceros de problemas que tienen causas estructurales y no coyunturales. Resulta muy cómodo que las universidades públicas, en los enfrentamientos que se han producido en estos días en Buenos Aires y en las palabras que ha generado, se conviertan en “chivo expiatorio”, una forma de distraer a todo el mundo sobre la urgente reflexión que se debe hacer sobre la conflictividad en territorios indígenas, una forma de disimular la violencia de quienes atacan, asesinan, queman las fincas, amenazan y portan armas, como si fuera una demostración por sus derechos. Los victimarios siempre justifican sus crímenes haciéndolos parecer como justos.

Las universidades investigamos con seriedad. Tomamos criterio de todas las partes, analizamos, establecemos conclusiones ponderando muchas facetas de esa realidad. Nuestros hallazgos son refutables, prueba de un proceder acorde con la ciencia. Pero para refutar hay que aportar argumentos que demuestren lo contrario. Es lo que no veo. Hay información que puede molestar a algunas personas, eso no la hace menos urgente, todo lo contrario. A don Salomón lo estimo y respeto, no lo increpo con mi comentario pues creo que lo que señaló el titular que recoge sus palabras no refleja su capacidad de producir un análisis más integral de la situación.

Marcos Guevara Berger
Docente e investigador de la Escuela de Sociología
MARCOS.xckbGUEVARA@ucr.smqlac.cr
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