Miembros del Consejo Universitario presentaron coadyuvancia a acción de inconstitucionalidad por rebajo del FEES

Teresita Cordero Cordero y otros miembros del Consejo Universitario presentaron, en su condición de ciudadanos costarricenses, una coadyuvancia a la acción de incostitucionalidad promovida por los rectores de las universidades públicas,debido al recorte de ¢10,000 millones del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES).

Miembros del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), en su condición de ciudadanos costarricenses, presentaron esta mañana una coadyuvancia a la acción de incostitucionalidad promovida por los rectores de las universidades públicas, en contra de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019, debido al recorte de ¢10,000 millones del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES).

En el documento le solicitan a la Sala Cuarta declarar inconstitucional el rebajo aplicado por el Poder Legislativo al FEES, por considerar que se invadieron competencias constitucionales y se transgredió el alcance de lo que establece el artículo 85 de la Constitución Política, dado que la intervención de la Asamblea Legislativa solo puede darse cuando se presente un diferendo, supuesto que no ocurrió en este caso.

Asimismo, piden que la Sala dimensione los efectos de la sentencia y prevenga, tanto al Poder Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa, la inclusión de un presupuesto extraordinario para las universidades públicas en el año 2019, por un monto igual al rebajado.

Además, los miembros del Consejo Universitario solicitaron que se advierta, a esos dos poderes de la República, la obligación constitucional que tienen de abstenerse de realizar acciones u omisiones que incumplan durante el proceso de formulación, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la República, lo establecido en el artículo 85 de nuestra Carta Magna.

La acción de inconstitucionalidad presentada por los rectores alega un irrespeto a una norma técnico-presupuestaria de rango constitucional, lo cual atenta contra el derecho a la educación en el contexto del Estado Social de Derecho, debido al perjuicio que causa en los presupuestos de las universidades estatales y que tiene un efecto exponencial que, en su proyección hacia el futuro atenta contra los servicios que prestan esas instituciones.