Universidad de Costa Rica
El sistema penitenciario nacional está en alerta roja. Según datos del Ministerio de Justicia y Paz, la población privada de libertad recluida en los 13 centros de atención institucional es de 13 317 personas, pero la capacidad instalada es para 9 130, una sobrepoblación del 45%, aunque en algunos es del 109%, como el Centro de Atención Integral (CAI) Gerardo Rodríguez, el CAI San Carlos 97% y el CAI San José del 122%. Se considera hacinamiento cuando la población privada de libertad supera las 20 personas por cada cien, criterio establecido por el Comité Europeo para los Problemas Criminales y de aplicación en toda América Latina.
Las llamadas de atención de jueces de ejecución de la pena, la Defensoría de los Habitantes y la Relatoría de la OEA sobre los Derechos de Personas Privadas de Libertad señalan que las violaciones de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad atentan contra los convenios firmados por el país en la atención a esta población. Distintas iniciativas propuestas por jueces de la República para aplicar penas alternativas fueron cuestionadas por medios de comunicación nacional el año anterior. Sin embargo, fallos reiterados de la Sala Constitucional han ordenado al Estado resolver el problema del hacinamiento carcelario y un sector de la ciudadanía se oponía a la liberación de personas recluidas en dichos centros.
Con esto en mente, la Encuesta Actualidades 2016, aplicada por un grupo de estudiantes de la Escuela de Estadística sobre diversos temas de relevancia nacional, realizó un estudio para “conocer la percepción que tienen los costarricenses ante medidas como el “perdón” o “casa por cárcel”, si esto les causa algún sentimiento de inseguridad o si creen que sería algo positivo para el país ya que desde un punto de vista económico el mantenimiento de un privado de libertad le cuesta al estado $1000 al mes”, indicó Laura Martínez Odio, una de las estudiantes que elaboraron el estudio.
“El gobierno enfrenta el reto de garantizar seguridad ciudadana sin violar los derechos de los privados de libertad, derechos tales como un techo y comida digna, aspectos que son difíciles de cumplir cuando los recursos no son suficientes ante la alta densidad penitenciaria”, acotó Martínez Odio.
La encuesta fue aplicada en octubre del año pasado a 1059 costarricenses mayores de 18 años y residentes en todo el país, con un margen de error de 3 puntos porcentuales para las variables totales (ver documento adjunto a esta nota). En una escala de 0 a 10, el 5.5 de la población está a favor de tomar medidas para disminuir la sobrepoblación carcelaria. Las personas mayores de 50 años, con educación primaria o menos y nivel socioecónomico bajo fueron las que mostraron una mayor tendencia de aprobación a estas medidas.
En total, la población encuestada aprobó con más del 60% cinco de nueve alternativas, y las que obtuvieron menos porcentaje fueron la pena de muerte para delitos graves y el aumento de beneficiarios de la casa por cárcel (ver gráfico incluido). En Costa Rica el arresto domiciliario es una medida cautelar o una pena de prisión en casos donde la persona privada de libertad tiene alguna discapacidad o enfermedad que las cárceles no pueden tratar. También cuando la pena es menor a seis años y cumple con ciertos requisitos se les permite el arresto domiciliario con el uso de brazaletes electrónicos. Las que contaron con menos apoyo ciudadano fue la liberación de adultos mayores y la pena de muerte para delitos graves.
En la actualidad, 11 de los 13 centros tienen una orden de cierre técnico, emitida por los Juzgados de Ejecución de la Pena, lo que implica que no se puede recibir más población de la que egresa; solamente, el CAI El Buen Pastor y el CAI Adulto Mayor no tienen orden de cierre, debido a que en estos dos establecimientos no hay sobrepoblación, indicó David Delgado Cabaña, vocero de Prensa y Comunicación del Ministerio de Justicia y Paz.
Además de Martínez Odio, participaron en el diseño de la encuesta David Castillo Zúñiga y Carmen Garro Carranza, bajo la supervisión del magister Johnny Madrigal Pana, coordinador del curso Diseño de encuestas por muestero de la Escuela de Estadística de la UCR.
En el año 2005 la sobrepoblación carcelaria era del 4%, pero una década después era del 46%, según datos estadísticos aportados por el Ministerio de Justicia y Paz. Al inicio del periodo, 7 589 personas estaban en centros de atención integral privados de su libertad, y cada año ha aumentado constantemente.
Según el vocero ministerial, el sistema ha enfrentado un crecimiento exponencial de su población, como resultado del impacto de reformas legales y prácticas judiciales que aceleraron el ingreso de personas al sistema penitenciario.
En el periodo citado, se crearon los Tribunales de Flagrancia en 2006 y tres años con una reforma del Código Penal se eliminaron las contravenciones y el aumento de penas. “En ese sentido, se conocen el expediente legislativo #19490 para introducir la proporcionalidad en los delitos contra la propiedad y promover la inserción social de las personas infractoras de la Ley Penal, así como el expediente #18867, denominado Ley del Servicio Penitenciario Nacional y de Acceso a la Justicia para la Ejecución de la Pena, y los planes sobre la reforma al registro y archivos judiciales”, acotó Delgado. Dichos criterios también fueron puntos relevantes por parte de la Relatoría de la OEA sobre los Derechos de Personas Privadas de Libertad con respecto al aumento de la población en centros penitenciarios.
Entre las soluciones propuestas por el Ministerio de Justicia y Paz están el trasladar parte de la población carcelaria a otros regímenes, como el semiinstitucional, que ha demostrado un éxito del 83%, con bajos índices de reincidencia o deserción.
Además, dicho ministerio planificó habilitar 4080 nuevos espacios entre los años 2015-2018. No obstante, debido a la obsolescencia de estructuras existentes y los cierres sanitarios ordenados por autoridades estatales que significará la pérdida de 3753 de los espacios actuales, la ganacia será de tan solo de 327 cupos. “Es evidente que pensar únicamente en proyectos de infraestructura como la respuesta al problema del hacinamiento no es suficiente para alcanzar el 20% fijado por la Sala Constitucional así como las condiciones necesarias de dignidad y seguridad para la población privada de libertad”, afirmó Delgado.
