Certificaciones de calidad serán ruta alternativa para el desarrollo rural

Representantes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Santa Cruz de Turrialba (ASOPOA) compartieron su experiencia en el proceso de certificación de la denominación de origen del Queso Turrialba (foto Laura Rodríguez).

Autoridades del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT), unieron esfuerzos para iniciar un proceso de sensibilización y capacitación en torno a la importancia de las certificaciones de calidad de productos locales como estrategia de desarrollo rural.

Durante el Foro Valor Agregado de Productos como Estrategia de Desarrollo Rural: Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas y otras, expertos de la Universidad de Costa Rica, el Registro de la Propiedad Industrial, el Tribunal Agrario, el Tribunal Registral Administrativo y la Asociación de Productores de Queso, expusieron sobre la importancia de establecer certificaciones de calidad que contribuyan a los procesos de desarrollo integral en las comunidades en los ámbitos económico, social, y cultural.

La actividad forma parte del trabajo interinstitucional que se realiza para fomentar el uso de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y marcas colectivas. Estas figuras jurídicas garantizan a los consumidores la calidad de los productos, protegen la agricultura tradicional y patrimonio gastronómico, y fomentan las sinergias entre los sectores: industrial, agro turístico y artesanal.

Funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), fueron algunos de los asistentes a la actividad (foto Laura Rodríguez).
 

“Con el proyecto se pretende fomentar la creación de destinos gastronómicos para promover un turismo de gastronomía local, sana y sostenible, generar encadenamientos productivos, y contribuir al proyecto nacional de convertir a Costa Rica en un destino gastronómico”, explicó Patricia Sánchez experta en denominaciones de origen y certificaciones de calidad.

A pesar de las oportunidades que estas figuras jurídicas representan, Sánchez indicó que resulta necesario la formación de técnicos en la materia y un trabajo interdisciplinario entre especialistas que guíen a las comunidades en sus procesos de certificación; para lo cual el CICAP y el Tribunal Registral Administrativo del Ministerio de Justicia y Paz se encuentran trabajando. 

“Estos sellos de calidad, son un derecho inmaterial que provienen del intelecto humano y protegen al consumidor garantizándole la seguridad de los productos que consume”, indicó Guadalupe Ortiz, del Tribunal Registral Administrativo.

Entre los desafíos que aún se deben resolver para implementar este tipo de iniciativas están “lograr un ordenamiento territorial administrativo unificado y promover que las comunidades trabajen en conjunto, y entiendan qué significa poseer una de estas certificaciones, cómo se pueden explotar y las ventajas que representan para todos los miembros de la comunidad”, amplió Pedro Suárez, miembro del Tribunal.

Entre los asistentes a la actividad estuvieron funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Consejo Nacional de la Producción (CNP), la Comunidad Económica Europea (CEE), la Cámara de Comercio, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOP), entre otros.

Entre los panelistas estuvieron Enrique Ulate del Tribunal Agrario, Alejandra Castro, experta en temas de propiedad intelectual, Mauricio Granados del Registro de la Propiedad Industrial y Hugo Muñoz de la Facultad de Derecho de la UCR (foto Laura Rodríguez).

Mauricio Granados, representante del Registro de la Propiedad Industrial, propuso el uso de la figura jurídica Marca colectiva como alternativa de la denominación de origen y a la indicación geográfica (foto Laura Rodríguez).