Universidad de Costa Rica
A tres años de haberse realizado el juicio del Tribunal Contencioso Administrativo que ordenó anular la concesión del proyecto minero Crucitas, en Cutris de San Carlos, los abogados demandantes que participaron en este caso analizaron el significado de la sentencia y su vigencia.
La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) organizó una mesa redonda para conmemorar este hecho, con la participación del Lic. Edgardo Araya Sibaja, quien representó en el caso Crucitas a la organización Unión Norte por la Vida (Unovida); el Lic. Bernal Gamboa Mora, de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas); el M.Sc. Álvaro Sagot Rodríguez, profesor universitario, y el Dr. Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional.
Los expositores repasaron los hechos previos al juicio, contaron anécdotas y recordaron los momentos difíciles a raíz de la lucha social en contra de la explotación de oro a cielo abierto. Asimismo, resaltaron los aspectos positivos a raíz del juicio.
Araya recordó que la lucha contra la minería a cielo abierto se inició en la zona norte del país 25 años atrás, con acciones de educación ambiental en las escuelas y colegios. “El tema de Crucitas surge en los medios de comunicación nacionales en 2008, cuando tuvimos que presentar el recurso de amparo para evitar la tala”, aclaró.
Los expositores destacaron que pese al tiempo transcurrido tras el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo del 25 de noviembre de 2010, está pendiente la ejecución de la sentencia.
Los jueces recomendaron al Ministerio Público abrir una causa judicial a los funcionarios públicos vinculados con la declaratoria de interés público del proyecto Crucitas y con las autorizaciones dadas. Además, ordenaron a la empresa Industrias Infinito el pago de una indemnización al país por los daños ambientales causados en la zona.
“Crucitas todavía está vivo, nos falta la ejecución de sentencia y espero que sean varios millones de indemnización. Lamentablemente, mi impresión es que le va a tocar pagar al Estado costarricense, porque Industrias Infinito no tiene nada, salvo $600 mil que es la garantía ambiental”, aseguró Sagot. No obstante, enfatizó, este caso lo llevarán hasta las últimas consecuencias.
Sobre este punto, Araya comentó que esperan que los procesos penales lleguen a buen puerto, entre estos contra el expresidente Óscar Arias Sánchez y el exministro del Ambiente, Roberto Dobles. “La tarea pendiente de la ciudadanía es fiscalizar al Ministerio Público para que haga el trabajo que tiene que hacer”, señaló, ya que “las grandes cabezas aún están impunes”
Para el abogado Gamboa, en este momento se encuentran en una “situación de indefensión”, debido a que la empresa minera presentó varios recursos con el fin de atrasar la tramitación del fallo.
“Esto explica un poco el por qué no se ha vuelto a oír nada de la ejecución, es una cosa que se nos ha salido de las manos. Industrias Infinito logró su fin, que fue dilatar el proceso para distraer los bienes de la empresa”, dijo el representante de Apreflofas.
Sagot recordó que gracias a la sentencia se anularon todos los permisos del proyecto Crucitas y se logró la modificación del Código de Minería para la prohibición de la minería metálica a cielo abierto en el país.
Hubo coincidencia entre los expositores en que los jueces que tuvieron a su cargo el proceso contra el proyecto Crucitas demostraron valentía, autonomía y seriedad profesional.
Para Sagot, el fallo reivindicó al Poder Judicial. “Los jueces del Tribunal Contencioso demostraron compromiso con la aplicación del derecho, estudiaron los expedientes a profundidad y se prepararon muy bien”, lo que a la postre dejó en evidencia “las inconsistencias” en la concesión de los permisos otorgados para la explotación de la mina.
El magistrado Cruz, quien votó en contra del proyecto minero en varios recursos presentados a la Sala Constitucional, catalogó a Crucitas como “uno de los casos judiciales más interesantes por la polémica que planteó”.
Dijo que “los jueces demostraron independencia de criterio y autonomía”, y no se dejaron atrapar por un “temor reverencial” hacia la Sala Constitutucional.
Cruz restó importancia al supuesto choque de jurisdicciones entre la Sala Cuarta y el Tribunal Contencioso Administrativo en relación con la incompatibilidad de los fallos de ambas instancias. “No existe conflicto entre las tensiones de una y otra jurisdicción, más bien hay hechos que destaca el Tribunal Contencioso que han pasado desapercibidos y la polémica se ha concentrado en crear un conflicto”, indicó.
Otro de los temas tratados en la mesa redonda es la posibilidad de que Industrias Infinito, por medio de su casa matriz Infinito Gold Ltda., demande al Estado costarricense por cerca de $1000 millones en un centro de arbitraje internacional.
Gamboa aseveró que con ayuda de especialistas en derecho internacional “nos hemos dado a la tarea de estudiar lo que está pasando y cuáles son las posibilidades reales que va a tener Industrias Infinito –ahora sería Infinito Gold– para demandar al Estado”.
Explicó que la empresa se ampara en un acuerdo de protección bilateral de inversiones entre Costa Rica y Canadá, aprobado en 1998 y ratificado en 2000, el cual establece una serie de requisitos para que los inversionistas canadienses puedan solicitar un arbitraje internacional.
En su criterio, existen varios elementos jurídicos que impedirían que Infinito Gold tenga éxito en su demanda contra Costa Rica y que en caso de que el Estado costarricense no se defienda, ellos desde Apreflofas ejercerán acciones penales por incumplimiento de deberes.
Por otro lado, para este abogado ambientalista, en la sentencia del Tribunal Contencioso quedó muy claro que Industrias Infinito indujo a error a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) en varias situaciones, razón por la cual “Costa Rica podría defenderse y no tener mayor problema en este proceso”.
Al respecto, Cruz mencionó que los tratados de libre comercio establecen un tipo de ciudadano especial, el inversionista, al concederles ciertos privilegios, a los cuales no tienen acceso las comunidades del país.
La mesa redonda se realizó el 21 de noviembre en el auditorio de la Escuela de Estudios Generales, con la participación de la M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta, docente de la UCR, como moderadora.
