Universidad de Costa Rica
Un sistema político económico que genera crecientes brechas en productividad y en desigualdad social, además de una gestión pública deficiente y con múltiples problemas para prevenir y sancionar la corrupción son algunas de las conclusiones a las que llegó el XVIII Informe Estado de la Nación.
Este estudio es desarrollado en conjunto por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), el cual reúne a las cuatro universidades públicas del país, y la Defensoría de los Habitantes, con el respaldo del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (Fundecor).
El informe se basa en los indicadores más actuales pertenecientes al año 2011 para brindar un panorama real de la Costa Rica que tenemos; el equipo técnico responsable de su elaboración está integrado por un grupo multidisciplinario de expertos que trabajan bajo la coordinación general de investigación del M.Sc. Leonardo Merino Trejos y dirigidos por el Dr. Jorge Vargas Cullell y por el Dr. Miguel Gutiérrez Saxe.
Informe para estudiar y reflexionar
Según destaca el Informe casi 290 mil hogares viven en la pobreza (1.140.435 personas) y poco más de 85 mil hogares en pobreza extrema, lo que equivaldría a 336.305 personas; estas cifras son las más altas desde el año 1990.
Asimismo, la inversión social del Estado disminuyó en un 0.5% y los programas que tuvieron un mayor recorte de recursos fueron los dirigidos a la educación pública y los de combate a la pobreza.
Para el Dr. Jorge Vargas Cullell se trata de indicadores que demuestran que el camino por el que vamos no es el adecuado, “el rumbo que tenemos nos alcanza para crecer y para conectarnos al mercado internacional, pero no alcanza para enganchar al conjunto de la sociedad en esa modernidad y se nos está fracturando la sociedad y la economía”, explicó.
En ese sentido, continuó Vargas Cullell, también hay que revisar la manera en que hemos incentivado esta modernidad, “la mejor política pública ha ido para el sector más moderno, perfecto, pero las instituciones que atienden a los sectores más tradicionales no tienen ese nivel de desarrollo y sofisticación, ese tipo de problemas son lo suficientemente complicados como para pasarlos por encima”, acotó.
Este Informe afirma que un mayor logro educativo permite a la población aspirar a mejores empleos e ingresos económicos, y que al aumentar su nivel de instrucción cada trabajador o trabajadora recibirá un mayor salario promedio.
Ante esto el M.Sc. Leonardo Merino Trejos destacó que apoyar la educación es la mejor inversión que puede hacer un país, “con sólo que se vayan sumando uno, dos, tres años de educación el nivel de ingreso y el porcentaje que está en pobreza cambian, en este año vimos diferencias en eso pues hicimos un análisis de rentabilidad de la educación, es decir, por cada año en educación cuánto mejora el ingreso de las personas”, comentó.
El problema es que ahora el país tiene una inmensa cantidad de gente que está ingresando a la fuerza de trabajo, expresó Merino Trejos, y en una situación en la que el 45% de personas pobres son niñas, niños y adolescentes, “ese sector que va a entrar a la fuerza de trabajo en situación de pobreza no va a tener el instrumento educativo que le permita mejorar su condición laboral”, declaró.
Otro indicador al que se le debe poner mucha atención es el de desempleo, pues pasó de 7.3% en el año 2010 a 7.7% en el 2011, variación que afectó más a las mujeres, a trabajadores de la zona urbana y a las regiones del Pacífico Central y Huetar Atlántica.
Vargas Cullell destacó también que la promesa democrática, acompañada de un nulo sustento económico, dificulta el cumplimiento de las leyes, o sea, que la práctica de generar leyes que reconocen derechos a la población y asignan más competencias al Estado no tienen fuentes de financiamiento definidas, lo que resulta en descontento ciudadano e incapacidad de cumplir nuevos mandatos.
Por ello el Informe pone a disposición una serie de preguntas para que la ciudadanía interrogue a las y los candidatos a puestos políticos, para así poder emitir un voto informado y conocer si las promesas que se hacen en campaña electoral tienen bases sólidas.
Vargas Cullell indicó que es tiempo de que las y los costarricenses exijamos y obtengamos respuestas fundadas y verificables por parte de las y los políticos, “la situación es lo suficientemente seria y los problemas lo suficientemente profundos como para tener una campaña electoral trivial, de ahí que proponemos un sistema para evaluar la calidad de las propuestas electorales de acuerdo a los desafíos nacionales, para evitar que la gente ofrezca sin tener un panorama serios sobre cómo cumplir con lo ofrecido”, concluyó.
El texto completo del XVIII Informe Estado de la Nación, que incluye análisis de muchos temas más como medio ambiente, desarrollo humano sostenible, derechos de pueblos indígenas y producción cultural en Costa Rica, entre otros, está disponible para el público en general en su sitio Web.
