Asesoría técnica de la UCR fue clave en aprobación de Ley de Bienestar Animal

El 16 de noviembre de 1994 Costa Rica contó por primera vez con una Ley de Bienestar Animal. Esta regulación recibió desde su inicio el apoyo de la UCR. Compromiso que se vería nuevamente en 1998 con la creación de los de los Comités institucionales para el cuido y uso de animales (CICUA) y este 2017 en la lucha final de una reforma.

Karla Richmond

La aprobación de la Ley de Bienestar Animal realizada por los diputados este 01 de junio de 2017 en segundo debate, contempla los señalamientos técnicos que efectuó la Universidad de Costa Rica (UCR) en materia legal para lograr su cumplimiento efectivo. Las recomendaciones realizadas permitirán evitar roces legales, y lograr una protección de calidad contra la agresión, daño y sufrimiento hacia todas las especies animales.

Ese aporte técnico, que inició desde el 20 de agosto del 2014 fue de carácter no vinculante, y logró orientar en la creación de un concepto capaz de no crear colisiones con las leyes existentes, que actualmente protegen a los animales de excepción detallados en los artículos 279 y 405 del Proyecto referente al Código Penal.

El seguimiento se realizó durante cinco años y se logró a través de un trabajo conjunto con otras instituciones. La UCR para brindar su guía técnica a la ley, tomó como base el consenso que involucró la participación total de nueve especialistas pertenecientes a la UCR y la Universidad Nacional (UNA), así como una serie de actores políticos.

Entre ellos se destacan profesionales de biología, derecho, estudios generales, farmacéuticos, veterinarios y químicos y del Comité Institucional para el Cuido y Uso de Animales (CICUA) de la UCR. Además, involucró la opinión de asociaciones de bienestar animal, cámaras de productores, cámaras de industria, diputados y asesores. De igual forma, intervinieron grupos relacionados con el tema de las tradiciones, Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y finalmente el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

El aporte de cada uno de esos entes dio la posibilidad a la UCR y a la UNA de apoyar en la redacción de un texto sustitutivo orientado a modificar la definición de animal en los artículos 279 ter, 279 bis inciso a), y 405 bis inciso a) que hacen referencia sobre la crueldad y el maltrato. Esto permitiría finalmente que se presentara el documento formal de propuesta, con la postura unánime de los involucrados en el consenso.

De acuerdo con la Dra. Sara González Camacho, coordinadora del CICUA-UCR y directora del Laboratorio de Ensayos Biológicos (LEBI-UCR), la participación de la UCR en el tema se dio como seguimiento al pronunciamiento que brindó la Sala Constitucional después de que la Asamblea Legislativa aprobara la ley en primer debate el 26 de julio de 2016.

Ese pronunciamiento emitido el 21 de septiembre de 2016, señalaba que la propuesta de ley contenía multas económicas desproporcionadas y la imprecisión del concepto animal, entre otros aspectos. El 01 de febrero de 2017, otro documento de la Sala Constitucional, el SC-CP-01-17, emite el criterio que el proyecto es violatorio por los principios de intervención mínima, razonabilidad y proporcionalidad constitucional provenientes de la definición del término animal.

“El expediente legislativo N°18298, que finalmente fue aprobado con el N.º 18625, Modificación de la Ley N.º 7451, Ley de Bienestar de los Animales y la Modificación de la ley N.º 4573 del Código Penal, fue parte de un proceso de revisión que contó con la participación de varios actores vinculados con la temática. Se necesitaba considerar varias posturas para lograr una propuesta viable en materia legal. Se llegó al acuerdo de que existen leyes que ya protegen a los animales destinados a diversos fines, productivos, de trabajo, entre otros, por lo que era necesario reformular la definición de “animal” para permitir el ejercicio pleno y efectivo de la ley, sin vacíos legales que fueran capaces de causar la impunidad”, indicó González.

Apoyo futuro

Una de las mayores preocupaciones actuales es el alcance penal que podría originar la definición de “animal”, entre ellos, los animales silvestres. Para González, el consenso decidió que la protección hacia estas especies ya estaba amparada por la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la cual contempla la caza como hecho punible. Esta práctica la ley la define como la “acción con cualquier fin de herir, apresar, capturar o matar animales silvestres”.

“El consenso valoró que la Ley de Conservación de Vida Silvestre era capaz de proteger contra el maltrato a estos animales. La prioridad ante todo de la UCR es la protección de todos los animales, con el apego y respeto a las leyes y reglamentos existentes. Nosotros brindaremos la ayuda, en caso de ser solicitado, para reforzar esta ley de Vida Silvestre junto con los castigos que se indican en el Código Penal”, indicó.

La UCR continuará brindando su orientación en materia técnica cuando así se requiera, siempre abierta a la comunidad, actores políticos y grupos interesados, con el fin de intercambiar criterios que logren un ejercicio legal efectivo contra el maltrato y agresión hacia todas las especies animales sin excepción.