UCR suscribe Declaración de Universidades Estatales de América Latina

Para los rectores latinoamericanos, las universidades estatales deben recuperar su plena vitalidad como instituciones donde nuestras sociedades piensan, imaginan y construyen su futuro (foto cortesía Henning Jensen).

“El principal desafío de las universidades estatales de América Latina es ejercer un papel protagónico en la construcción de sociedades comprometidas con la consolidación de nuestras democracias, y de los derechos humanos, con los avances científicos y técnicos, y con una permanente reflexión de sentidos y horizontes éticos desde las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias y el arte”. Así lo ratificaron rectores y autoridades de 18 universidades públicas de la región, en la Declaración de Universidades Estatales de América Latina, suscrita el pasado 21 de noviembre en Santiago de Chile.

Durante un encuentro organizado por la Universidad de Chile del 19 al 21 de noviembre pasados, con motivo de su Aniversario 172, los suscriptores de esta declaración, entre ellos el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), manifestaron que esas acciones de las universidades estatales deben enmarcarse en el propósito de recuperar una conciencia del impacto de la educación superior del Estado en el desarrollo económico-social y humano-integral de América Latina.

Para las autoridades universitarias latinoamericanas, esto implica entre otras cosas reforzar las actividades de extensión y de servicio a la comunidad, de difusión del conocimiento y de acceso masivo a la cultura y las artes.“También implica participar activamente en los debates públicos, discusiones legislativas y en la elaboración e implementación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

Como parte de su papel histórico, los firmantes consideran también que es imperativo tomar parte en la recuperación y fortalecimiento de la calidad de la educación pública, “tarea en la cual las universidades estatales son fundamentales en la medida que estén comprometidas con mejorar la formación docente, colaborar en el diseño del currículo escolar, apoyar escuelas en zonas de alta dificultad y producir investigaciones relevantes sobre el sistema escolar”.

Aunque los participantes reconocen la labor de algunas universidades privadas sin fines de lucro, consideran que la proliferación de instituciones privadas con claros intereses comerciales o sesgos socialmente elitistas en las últimas décadas, socava la concepción de la educación superior como un derecho social (foto cortesía Henning Jensen).
 

Asimismo, redoblar esfuerzos junto con el Estado, para acelerar la expansión del acceso a los estudios universitarios y garantizar la permanencia y el egreso, asegurando que tanto la admisión como los procesos de enseñanza no contengan sesgos discriminatorios especialmente para las poblaciones tradicionalmente excluidas como son las personas con bajos recursos económicos, las mujeres y las poblaciones indígenas, afrodescendientes y rurales.

Las y los participantes en el encuentro reconocieron además la necesidad de constituir vínculos de cooperación sostenida en el escenario latinoamericano, en investigación científica, preservación y elevación de la calidad académica y aproximación sistemática a las necesidades de sus pueblos, con miras a construir sociedades desarrolladas y equitativas.

Además de la UCR, suscribieron esta declaración rectores o autoridades de las universidades de Chile, Central de Venezuela, Central del Ecuador, de La Habana, de la República de Uruguay, de Santiago de Chile, de Sao Paulo, de Talca, de Tarapacá, de Valparaíso, del Bío-Bío, de Campinas, Mayor de San Andrés, Nacional de Colombia, Nacional de Córdoba, Nacional Mayor de San Marcos y Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Chile vuelve sobre sus pasos

Durante la apertura de este encuentro de rectores, se contó con la participación especial de la Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet Jeria, quien hizo énfasis a la reforma educativa que se ha propuesto en esta segunda administración, la cual se enfoca al fortalecimiento de la educación pública, con especial apoyo a la universidad estatal.

“Hoy es el momento de la Universidad, aquella bisagra entre los desafíos, que descubre la reflexión y las soluciones que encuentra la investigación sistemática, entre la experiencia de los maestros y la inquietud de los jóvenes”, indicó la Presidenta Michelle Bachelet (foto cortesía Henning Jensen).

En su discurso, Bachelet indicó que el país está en una etapa en la que nuevos sueños empiezan a tomar forma, pues ha alcanzado un importante grado de madurez cívica para repensar sus modelos de desarrollo, afinar objetivos, apuntando a desafíos mayores. “En esta hora es primordial el liderazgo de la Universidad, especialmente en tres aspectos fundamentales: el fortalecimiento de la educación pública, la cultura de la innovación y la traducción de los resultados de la investigación en estímulos concretos para el desarrollo y la democracia. Ningún país en el mundo ha alcanzado el desarrollo ni vencido las desigualdades, sin una educación pública de calidad”, sentenció la Presidenta.

Bachelet informó que en cuanto al financiamiento de las universidades, su gobierno asegurará que la mayor cantidad de recursos que aporte el Estado vaya dirigida a potenciar las capacidades institucionales, para que los planteles aporten al desarrollo nacional desde la docencia, la investigación y la extensión.

Pero además de los recursos basales para investigación, las universidades irán contando con otros fondos competitivos para la investigación, como los actuales Fondecyt o Fondef, y estarán disponibles para todas las instituciones que acrediten capacidades de investigación de calidad. “Por supuesto, aseguraremos especialmente el financiamiento de investigaciones de interés público en las universidades del Estado, nacionales y regionales”, indicó Bachelet.

Respecto a la gratuidad universal de los estudios superiores, dijo que éste va a ser un proceso gradual y progresivo, que una vez aprobados los proyectos de ley respectivos, va a tomar alrededor de seis años cubrir el cien por ciento de los estudiantes, siendo compromiso de su Gobierno que al finalizar su mandato se haya abarcado al menos al 70% del alumnado.