Informe revela dificultades en cumplimiento de derechos de la niñez
El VI Informe del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica (EDNA) muestra que, a diez años de la puesta en vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia, los avances en materia de infancia se evidencian significativamente en el reconocimiento de sus derechos en el plano normativo.
No obstante, añade que en la práctica, el discurso de la protección integral de la infancia no cristaliza a plenitud, persistiendo una serie de situaciones graves que afectan la vida cotidiana de miles de niños, niñas y adolescentes.
El documento elaborado por la Universidad de Costa Rica y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), reconoce que el Código de la Niñez y la Adolescencia (1998) abrió una nueva perspectiva de derechos, promovió un marco normativo a favor de este sector de la población y a partir de él los niños, las niñas y los adolescentes son vistos como sujetos de derechos, con una ciudadanía y autonomía en progreso.
Sin embargo advierte que “el avance (…) remite más al desarrollo de un discurso comprometido, formalmente, con la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, mientras que las prácticas se encuentran atravesadas por elementos contradictorios y se tornan débiles y desarticuladas".
El informe señala que se trata de un sistema institucional y social que ha reducido los derechos y los intereses de la niñez y adolescencia a la atención coyuntural de situaciones de abuso, violencia y explotación, pero deja de lado la construcción de estándares que permitan ampliar la protección a todos los intereses y las necesidades de las personas menores de edad, incluyendo su propio desarrollo personal y social en condiciones de justicia social y equidad.
Logros en educación
El Sexto informe de EDNA afirma que hay progresos en aspectos como la cobertura en secundaria, la creación de una amplia oferta de educación no tradicional y el impulso de un mayor acceso a la tecnología, pero advierte que de no hacerse una reforma educativa profunda “estaremos generando una sociedad desigual, inequitativa y selectiva, que prepara minorías para el futuro y excluye a los demás”.
La reforma del sistema educativo ayudaría a evitar la expulsión directa e indirecta de los y las estudiantes y disminuir la brecha en la calidad de la educación entre colegios privados y públicos, de forma tal, que el proceso educativo se adecue a las nuevas necesidades de la sociedad.
La mayor parte de la población escolar acude a establecimientos públicos. Sólo un 12,8% de los adolescentes asisten a centros de educación privados. Hay, empero asimetrías en el rendimiento que colocan a los centros educativos privados en planos de ventaja. Así las pruebas de Bachillerato, por ejemplo, son aprobadas en un 91,8% por quienes estudian en colegios subvencionados y un 89,8% por quienes estudian en colegios privados. En cambio, el nivel de éxito cae a un 67,2% entre los alumnos de colegios públicos.
También señala la necesidad de fortalecer el sistema educativo rural, el que presenta entre sus mayores debilidades, su incapacidad para adecuarse al contexto específico de la nueva ruralidad. El informe considera vital conocer las opciones y las condiciones laborales de las comunidades rurales, para vincular la educación y la formación de la población adolescente con los cambios que se dan en dichas comunidades. “Más que preparar personas para el mercado de trabajo, una de sus funciones centrales es preparar a las personas para la vida”, destaca el documento.
Otro aspecto que revela el informe es la situación de vulnerabilidad y precariedad de la población adolescente que trabaja, por las condiciones de su inserción laboral, caracterizada por ocupaciones no calificadas y en ramas de actividad no bien especificadas, con factores de riesgo laboral e incumplimiento de las garantías laborales mínimas establecidas en la legislación vigente.
Los datos revelan que 49.352 jóvenes entre los 15 y los 17 años trabajan (18%), en su mayoría son hombres. El 45% de esa población adolescente que trabaja tiene jornadas laborales superiores a las 36 horas y un 29,8% trabajan entre 48 y más de 60 horas semanales.
Su situación laboral y personal, les dificulta su desarrollo personal y social. Para ellas y ellos el trabajo genera un impacto negativo en la posibilidad de ejercer el derecho a la educación, así como en el disfrute de su adolescencia, considerada como una etapa de aprendizaje y desarrollo de relaciones familiares y sociales.
En el análisis del sector salud el documento plantea la urgencia de superar el marco cuantitativo para pasar a un análisis de calidad, es decir a un marco normativo de salud integral que no se centre solo en los aspectos biomédicos y tecnológicos.
Por primera vez explora un tema sensible y silenciado en la sociedad, como es el sufrimiento en la adolescencia, el que puede llegar a su manifestación más extrema en el suicidio. Hace un llamado para atender el problema en forma preventiva, con un abordaje integral que parta de las políticas de salud y educación hasta las bases de la comunidad y la familia. No existen datos, análisis ni investigaciones vinculadas a este tema ni al relacionado con la afectividad en niños, niñas y adolescentes.
Otro tema nuevo es el referente a la población migrante, donde se destaca la ausencia de políticas concretas para su atención en el campo de la salud, especialmente de los menores de edad.
En sus conclusiones el informe hace un llamado al diálogo social para construir una sociedad más equitativa, que trabaje en la construcción de un sistema nacional de protección a la niñez y la adolescencia, mediante una propuesta de política integral, con estándares que amplíen la protección de las personas menores de edad, para lo cual es necesario aunar esfuerzos entre el Estado, las instituciones públicas, los organismos nacionales e internacionales, los movimientos sociales y el conjunto de la sociedad civil.
El informe advierte que los avances en materia de niñez y adolescencia se definirán de acuerdo con el estilo de desarrollo que adopte el país, razón por la cual recomiendan que el conjunto de la sociedad resuelva aspectos cruciales como la distribución los recursos adecuados a los objetivos señalados y generar los instrumentos necesarios para medir de forma apropiada los logros y los retrocesos en dicha materia, concluye el VI EDNA.
¿Qué es el EDNA?
El Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (EDNA) es un informe que se realiza desde el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA) de la Escuela de Trabajo Social, con el apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social, en el marco del convenio firmado entre la Universidad de Costa Rica y la UNICEF.
El VI EDNA fue realizado por un equipo de profesionales, coordinados por la M.L. Marisol Gutiérrez Rojas, de la Escuela de Estudios Generales y la M.Sc. Nancy Piedra Guillén, de la Escuela de Sociología. En ese equipo de trabajo participaron Xiomara Pessoa Mora, Oscar Valverde, Patricia Delvó, Sergio Muñoz Chacón, Gabriela Murillo, Freddy Ulate Mora, Vernor Muñoz Villalobos, Laura Fernández, Alfredo Miranda Calderón, Laura Paniagua, Karen Masís Fernández y Kattia Rodríguez
El Informe completo en versión digital estará disponible en este enlace.
Periodista Oficina de Divulgación e Información
lidietterqpw.guerrero @ucreyon.ac.cr
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